Todos los días, en internet se ofrecen en adopción decenas de pequeños gatitos y perritos, recién nacidos, mientras las calles de algunos barrios son dominadas por jaurías que se reproducen sin control. La necesidad de controlar la natalidad en estas especies motiva la ley que será tratada la próxima semana en el recinto legislativo, en respuesta a un pedido de organizaciones animalistas de la provincia, que se masificó en las redes sociales.
La iniciativa prevé declarar a Tucumán como “provincia no eutanásica” para perros y gatos, a fin de evitar la matanza indiscriminada (en el eufemismo de “sacrificio”) de esas especies como un método de regulación poblacional, opción que quedará prohibida. En su reemplazo, se implementará un régimen de castración masiva, lo que también tiene sus objeciones porque la idea va más allá.
“Más que una ley de castración, aspiramos a una ley de protección integral de los animales”, asegura Liliana Farach, delegada en Tucumán de la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos Animales. Esa propuesta es más amplia, ya que ataca al maltrato, objeto de una creciente preocupación ciudadana.
“El derecho animal tiene que estar en la agenda legislativa”, sostuvo el vicepresidente primero de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse, quien encabeza la comisión de Medio Ambiente, donde ya se dictaminó sobre los proyectos y se impulsa su debate en el recinto el jueves. Una vez que sea sancionado, quedará en manos del Poder Ejecutivo su reglamentación e implementación.
Según se sostiene en los fundamentos del despacho de comisión, la esterilización mejora la calidad de vida de los animales ya que:
- Los protege de contraer ciertas enfermedades y afecciones.
- Mejora notablemente su comportamiento.
- Permite estabilizar la salud de los que están vivos.
La iniciativa define seis puntos sobre los que debe articularse toda campaña de castración: masividad, sistematicidad, gratuidad, prontitud, extensión y generalización (ver “Ejes centrales...”).
Voces coincidentes
El consenso es que hay que hacer algo contra la proliferación y lograr un control de los animales callejeros que los respete, ya que el crecimiento demográfico que lleva a la superpoblación canina y felina es de un orden y ritmo geométrico exponencial. En términos de salud pública, es un asunto descuidado y postergado desde hace tiempo, al tiempo que los animales quedan expuestos a situaciones de maltrato y de crueldad, como alertó en Facebook Gabriela Uzqueda, presidenta de la ONG Perros de la Calle.
Representantes de la Comisión de Derecho Animal de los Colegios de Abogados del Sur y de Tucumán fueron convocados a participar de este proyecto, ya que el reconocimiento de los derechos a perros y gatos apunta a fortalecer el vínculo humano-animal, aspecto que excede lo quirúrgico de la castración. En la iniciativa se habla de que se debe trabajar para fomentar la adopción, evitar abandonos y promover políticas públicas para garantizar su bienestar.
Es que para una atención integral de este problema se deben implementar distintas acciones, aparte de impedir la reproducción, como ser la desparasitación y la realización de campañas de vacunación, que en conjunto garanticen la aplicación de una ley efectiva, respetable y en salvaguarda de los derechos animales.
“Estoy a favor de la ley de castración masiva para evitar la sobrepoblación, abandono, enfermedades de transmisión sexual y, sobre todo, muertes. Es muy necesaria para proteger a los que no tienen voz”, remarca la rescatista Josefina Romano, miembro de Orejitas Callejeras.
Pero esa tarea requiere de ciertas condiciones que deben estar aseguradas, asevera Fernanda Ramos de ADLA, una asociación sin fines de lucro de Tafi Viejo: “la diagramación y coordinación de la castración debe realizarse de forma apropiada; se debe invertir en capacitar al personal, en asepsia y en todos los recursos sanitarios que se necesitan, porque si queremos que disminuyan la cantidad de animales sueltos en las calles, tenemos que involucrarnos todos y ser responsables”.
“Considero que es urgente que se trate esto, pero también depende de decisiones políticas. Esta ley va a regir en toda la provincia y necesita la adhesión de los municipios y de las comunas para que se implemente -afirma Farach-. Decimos que es una cuestión de salud pública porque a través de su abordaje se evitan también enfermedades como la parasitosis que luego se transmiten a los seres humanos, se impide que los perros rompan las bolsas de basuras y se peleen en las calles, lo que muchas veces provocan accidentes, entre otras cuestiones”.
Ejes centrales de la iniciativa
- Masivo: debe abarcar el mayor número de perros y gatos en el menor tiempo posible. “Se deberá esterilizar por lo menos el 20% de la población anualmente”, indica el dictamen.
- Sistemático: las acciones deben ser “programadas, planificadas y sostenidas en el tiempo, ininterrumpidas durante el año y con horarios accesibles para la población, hasta lograr un impacto y reducción considerable en el crecimiento de la fauna urbana”.
- Gratuito: “el servicio debe ser de gratuidad completa y garantizar el total e irrestricto acceso de la población, sin excepciones de ningún tipo”.
- Temprano: “debe realizarse antes del primer celo, aproximadamente a los seis meses en el caso de perros y a partir de los 10 meses en caso de gatos”.
- Extendido: “la campaña debe extenderse a toda la provincia, acercando el servicio a toda población”.
- General: “la campaña debe alcanzar a todos los perros y gatos, hembras y machos que no tengan dueños y a los animales cuyos dueños lo soliciten”.
(Producción periodística: Mariana Ávila)